¿A quién corresponde registrar en su declaración de renta las retenciones derivadas de la ejecución de un contrato de mandato?

¿A quién corresponde registrar en su declaración de renta las retenciones derivadas de la ejecución de un contrato de mandato?

¿En un contrato de mandato sin representación, el mandatario puede detraer de su impuesto sobre la renta las retenciones en la fuente que soportó por cuenta del mandante en desarrollo del negocio jurídico de mandato? Este fue el problema planteado y analizado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Consideraciones del Consejo de Estado

El Consejo de Estado recordó en su análisis que a la luz del artículo 29, inciso 3°, del Decreto 3050 de 1997 (hoy codificado en el artículo 1.2.4.11 del Decreto 1625 de 2016) las retenciones efectuadas por terceros y soportadas por el mandatario, en desarrollo de la gestión del mandato, corresponden al mandante.

Según el máximo tribunal de lo contencioso administrativo

[e]ste tratamiento tributario guarda armonía con lo que la misma disposición jurídica ordena en materia del impuesto sobre la renta, pues el artículo ibidem también preceptúa que el mandante, sea un mandato con o sin representación, es el sujeto pasivo del hecho imponible que se genera en virtud de la ejecución del objeto de ese negocio jurídico de intermediación, de manera que es él quien debe declarar los ingresos ―además de los costos y gastos― causados en desarrollo del mandato.

Así, toda vez que el mandante es el contribuyente de todos los ingresos que realiza el mandatario por cuenta de él, resulta además coherente que la misma norma disponga que aquel también es quien imputa las retenciones que soportó el mandatario por su cuenta, pues en esos términos la retención soportada es un anticipo de un ingreso cuyo titular jurídico, y también a efectos del impuesto sobre la renta, es el mandante; una interpretación en otro sentido conduciría a avalar que el mandatario impute en su declaración de renta el gravamen anticipado (i.e. las retenciones) sobre ingresos de terceros (i.e. el mandante).

Así entonces, explicó la Sección Cuarta, el ordenamiento jurídico contempla para expuesto del impuesto a la renta un tratamiento tributario con enfoque de “neutralidad o transparencia fiscal conforme al cual los efectos tributarios en un contrato de mandato recaen sobre el mandante, por ser este el sujeto pasivo de los ingresos, costos y gastos realizados en desarrollo de ese negocio jurídico; en contraste, el ingreso que realiza como propio el mandatario se restringe al honorario o remuneración que se pacta a su favor en el contrato de mandato, cuando este celebra a título oneroso”.

En lo que respecta a los soportes probatorios de lo anterior, agregó la Sala,

el artículo 29 del Decreto 3050 de 1997 (hoy codificado en el artículo 1.2.4.11 del Decreto 1625 de 2016) establece que «el mandante declarará los ingresos y solicitará los respectivos costos, deducciones, impuestos descontables y retenciones en la fuente, según la información que le suministre el mandatario». En el mismo sentido, el artículo 3.° del Decreto 1514 de 1998 (codificado en el artículo 1.6.1.4.9 del Decreto 1625 de 2016) dispone que el mandatario deberá expedir una certificación donde se consignen los anteriores conceptos y sus respetivas cuantías, certificación que además «debe ser avalada por contador público o revisor fiscal, según las disposiciones legales vigentes sobre la materia».

De esta manera, las retenciones que imputará en su declaración de renta el mandante, así como los ingresos asociados a las mismas y que percibió por su cuenta el mandatario, deben estar soportadas en la referida certificación expedida por el mandatario y avalada por revisor fiscal o contador público.

Destaca la Sala que, en el marco de un mandato sin representación, quien practique la retención expedirá el certificado correspondiente a nombre del mandatario, de ahí que, para acreditar la existencia y cuantía de las retenciones, el mandante exhiba la certificación que le debe proferir el mandatario, en los términos de los artículos 29 del Decreto 3050 de 1997 y 3.° del Decreto 1514 de 1998. Así, al margen de si se trata de un mandato con o sin representación, es el mandante quien debe registrar en su declaración del impuesto sobre la renta todas las retenciones soportadas por el mandatario como consecuencia de la ejecución del contrato de intermediación.

Consulte aquí el documento: C3 S4 – contrato de mandato – HM