Actuaciones tributarias que no cuentan con regulación específica prescribirán en el lapso de 10 años: Consejo de Estado

Actuaciones tributarias que no cuentan con regulación específica prescribirán en el lapso de 10 años: Consejo de Estado

La Sección Cuarta del Consejo de Estado señaló que el ordenamiento tributario y el administrativo carecen de normas que rijan la caducidad de la competencia de la Administración tributaria para la determinación oficial de la contribución de contratos de obra pública. En lo que respecta al ET, las oportunidades que fija para expedir liquidaciones oficiales (de revisión, de aforo o de corrección aritmética) contemplan como presupuesto necesario de la actuación administrativa, y de los plazos de caducidad a los que ella se asocia, el deber formal de declarar.

No está prevista en esa codificación un plazo para liquidar oficialmente los tributos para los cuales no se ha establecido una autoliquidación como fase inicial del procedimiento de gestión administrativa.

Tampoco son aplicables al sub lite las oportunidades establecidas por las normas fiscales y administrativas para adelantar procesos de cobro coactivo, ya que estos tienen por objeto obtener el pago de deudas exigibles (i. e. que consten en títulos ejecutivos), mientras que las actuaciones que se demandan en esta oportunidad apenas buscan establecer el monto de las deudas tributarias. Dada la ausencia de normas especiales sobre la oportunidad objeto de debate, encuentra la Sala que resulta aplicable el término general de prescripción de la acción declarativa previsto en el Código Civil para aquellas actuaciones que no cuentan con regulación específica.

Agregó la Sala que el artículo 2536 del Código Civil  prevé que las acciones ordinarias prescriben en el lapso de 10 años, plazo que, de conformidad con el segundo inciso del artículo 2535 del mismo Código, se contabiliza a partir de la fecha en que se hizo exigible la señalada obligación. Respecto de este último punto, por disposición del artículo 121 de la Ley 418 de 1997 (prorrogado, entre otras, por la Ley 1106 de 2006), el valor causado por concepto del impuesto analizado debe ser descontado de los pagos que la entidad contratante efectúe a sus contratistas, de manera que solo hasta la fecha del pago se hará exigible la obligación tributaria.

De conformidad con el plenario, la Sala constata que, en el caso concreto, los 40 contratos que ocasionaron el gravamen liquidado por la demandante fueron suscritos entre el 28 de marzo de 2007 (Contrato nro. 4013888) y el 16 de octubre del mismo año (Contrato nro. 4015603). Asimismo, la Sala advierte que los pagos efectuados con ocasión de los negocios jurídicos anotados ocurrieron entre abril de 2007 (f. 62 caa11) y diciembre de 2008 (f. 52 caa40), mientras que las resoluciones de determinación del impuesto, censuradas, fueron emitidas por la Administración y notificadas a la interesada entre el 23 de mayo de 2012 (f. 556) y el 15 de noviembre de 2012 (f. 127), es decir, antes de que culminara el plazo de prescripción establecido en el artículo 2536 del Código Civil.

Consulte el fallo aquí:

CE-SEC4-EXP2021-N23474_01247-01_Nulidad-Restab_20210311

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