'La calificación de la pérdida de capacidad laboral está consagrada como un derecho para proteger otros derechos fundamentales de las personas'

'La calificación de la pérdida de capacidad laboral está consagrada como un derecho para proteger otros derechos fundamentales de las personas'

Así lo reitró la Corte Constitucional al conocer del caso de “una ciudadana de 66 años, quien estuvo diagnosticada con cáncer de seno en 2015”.

Según relató la Corte,

“pese a que dos años después la EPS de la accionante emitió concepto de rehabilitación con pronóstico favorable para la enfermedad, aquella afirmó que las secuelas de su patología le impedían trabajar. En consecuencia, dependía económicamente de su padre, a quien asistió durante sus últimos años de vida.

Una vez falleció su padre, la actora inició el trámite de la sustitución pensional ante el Ministerio de Defensa (Entidad que había reconocido la pensión). La cartera ministerial le solicitó a la demandante la calificación de la pérdida de la capacidad laboral para adelantar el trámite de sustitución. Sin embargo, tanto el Ministerio como su EPS consideraron que no eran competentes para realizar el estudio”.

Corte Constitucional

La Corte recordó su jurisprudencia frente a la pensión de invalidez, con especial acento en la calificación de la pérdida de capacidad laboral como el mecanismo que permite acreditar los supuestos fácticos que dan origen a la pensión.

Para definir el estado de invalidez y, por lo tanto, el derecho al reconocimiento de la respectiva pensión, el legislador ha establecido el procedimiento que se debe cumplir. Este impone la participación del afiliado, de las entidades que intervienen en el proceso de calificación y de los sujetos responsables del reconocimiento y pago de dicha prestación. En consecuencia, se considera inválida la persona que haya sido calificada con el 50% o más de pérdida de la capacidad laboral.

Según lo ha indicado la Corte, la determinación del porcentaje de pérdida de la capacidad laboral tiene dos (2) grandes finalidades o sentidos:

Por una parte, un sentido médico porque permite esclarecer la enfermedad o la perturbación que concretamente dio origen a perder en mayor o menor porcentaje la capacidad referida. Esto a través de la valoración que realizan los expertos en las diferentes áreas de la medicina. Asimismo, permite esclarecer desde este ámbito de experticia si tuvo un origen común o causa laboral. Por otro lado, un sentido económico porque clarificar el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral permite acceder, en algunos de casos, a una serie de prestaciones del régimen de la seguridad social (i.e. la pensión de invalidez). En igual sentido, puede dar origen a una serie de indemnizaciones económicas a cargo de las diferentes entidades pertenecientes al Sistema de Seguridad Social.

En virtud de lo anterior para la Corte Constitucional “[l]a calificación de la pérdida de capacidad laboral está consagrada como un derecho para proteger otros derechos fundamentales de las personas”.

[S]u vulneración puede ocurrir por tres circunstancias: ante la negación al derecho a la valoración, la negativa en su actualización o por la demora injustificada, siempre que no sea imputable a la negligencia del sujeto interesado. Por ende, sin la calificación, a las personas les será imposible conocer su porcentaje de pérdida de capacidad laboral y, a partir de ahí, los derechos que eventualmente podrían reclamar.

El máximo tribunal constitucional recordó, por lo demás, los requisitos que deben observarse en la calificación de la pérdida de la capacidad laboral:

En primer lugar, la calificación de la pérdida de capacidad laboral debe considerar las condiciones específicas de cada persona, valoradas sistemáticamente; sin que sea posible establecer diferencias en razón al origen, profesional o común, de los factores de incapacidad.

Como segundo aspecto, dicha valoración puede tener lugar no solo como consecuencia directa de una enfermedad o de un accidente de trabajo claramente identificado. También opera frente a patologías que resulten de la evolución posterior de esta enfermedad o accidente. A su vez, por una situación de salud, inclusive de origen común.

(…)

El tercer criterio gira en torno a que el derecho a la valoración de la pérdida de la capacidad laboral no se encuentra supeditado a un término perentorio para su ejercicio. La idoneidad del momento en que la afiliada requiera la definición del estado de invalidez o la determinación del origen de esta no depende de un término específico sino de sus condiciones reales de salud, del grado de evolución de la enfermedad o del proceso de recuperación o rehabilitación suministrado.

Finalmente, no es un requisito necesario partir de un punto específico de referencia (i.e. el acaecimiento de una enfermedad o de un accidente de trabajo) sino de la situación de salud al momento de la solicitud de la valoración. Por ende, se deben atender todas las circunstancias que hayan incidido en la condición del paciente.

Corte Constitucional, sentencia T-250 de 2022