Se puede declarar la nulidad absoluta de los negocios jurídicos que celebre el administrador de una sociedad transgrediendo sus deberes

Se puede declarar la nulidad absoluta de los negocios jurídicos que celebre el administrador de una sociedad transgrediendo sus deberes

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia analizó las consecuencias que se pueden derivar en el evento en que “los encargados del gobierno de una sociedad obr[e]n a pesar de la constatación de un conflicto de interés o de competencia con el ente moral, sin contar con la autorización informada de la Asamblea General de Accionistas o de la Junta de Socios”.

Se trata de disímiles mecanismos que por virtud de la ley se tramitan en el mismo proceso judicial: la acción dirigida a que se declare la responsabilidad de los administradores con la consecuente reparación de los daños ocasionados, y aquella que persigue la nulidad absoluta de los actos ejecutados en contra de los deberes de quienes detentan la anotada función.

La Corte Suprema de Justicia, al tenor de lo dispuesto por la normativa vigente, precisó que la declaratoria de nulidad absoluta de los actos ejecutados en contra de los deberes de los administradores “se adelantará mediante el proceso legalmente establecido, de conformidad con el artículo 233 de la Ley 222 de 1995; sin perjuicio de otros mecanismos de solución de conflictos establecidos en los estatutos”.

Allí también se podrá condenar al administrador a “indemnizar a quien hubiese causado perjuicios”, e incluso podrá sancionársele con la imposición de “multas y/o con la inhabilidad para ejercer el comercio, sin perjuicio de la responsabilidad penal que dicha conducta pudiese generar”. 

En el ordenamiento jurídico colombiano, resaltó la Corte, son causas de nulidad absoluta de los negocios jurídicos las siguientes: i) Cuando se contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa; ii) Cuando tenga causa u objeto ilícitos; iii) Cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz.

En los negocios jurídicos donde media conflicto de interés o competencia con la sociedad, el vicio generador de la nulidad absoluta, radica en la inobservancia de una norma imperativa -num. 7 art. 23 Ley 222/95-, que establece como requisito someter a la consideración del máximo órgano social -asamblea general de accionistas o junta de socios- la solicitud de autorización del acto, proporcionándose por el administrador involucrado, toda la información pertinente que permita adoptar la correspondiente decisión y debiéndose excluir el voto del administrador en quien concurre el conflicto de interés, si además tiene la calidad de asociado, cuya participación no debe ser tenida en cuenta para determinar el quórum, ni a efectos de conformar la mayoría decisoria.

Esta acción puede ser incoada por cualquier persona que tenga legitimación en la causa y, también, por el Ministerio Público. La ley prevé que el juez puede declarar de oficio la nulidad absoluta del negocio jurídico “siempre que el vicio aparezca de manifiesto en el acto o contrato”.

La anterior [acción] corresponde a una medida con la que se busca que el conflicto de interés no se concrete en un daño para la persona jurídica representada por el administrador; por ello se exige una autorización o permisión cuya obtención es imprescindible de forma antelada a la operación económica, negociación o actuación generadora de la colisión.

Consulte aquí el documento: SC5509-2021 (2016-00315-01)