Un impuesto confiscatorio: el argumento para declarar inconstitucional el impuesto a la riqueza en Argentina

Un impuesto confiscatorio: el argumento para declarar inconstitucional el impuesto a la riqueza en Argentina

El impuesto a la riqueza “manifiesta inadmisible absorción de la renta y el patrimonio, ya gravados por Ganancias y Bienes Personales, excediendo los límites razonables de imposición y resultado confiscatoria y violatoria del derecho a la propiedad a la luz de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Así se refirió en el fallo de inconstitucionalidad del impuesto a la riqueza la Justicia Federal de Corrientes de Argentina, según informó Infobae.

El “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” fue creado por el oficialismo durante la pandemia. El diputado Carlos Heller fue uno de sus principales impulsores. El Gobierno apoyó la idea con la excusa de que otros países adoptarían esquemas similares, sin embargo el Impuesto a la Riqueza es un invento 100% argentino. Su implementación generó un malestar generalizado en inversores que ya afrontan una fuerte carga tributaria.

Según expertos consultados por Infobae, el quid del asunto en esta materia fue el nombre que se le dio a lo que a todas luces era un impuesto.

No lo quisieron llamar tributo para tratar de que no se aplique la jurisprudencia que tiene que ver el derecho tributario, y evitar que se sume a Bienes Personales, pero este falló está cerrando que al no ser voluntario tiene todas las características de un tributo más allá del nombre.

Sumado a lo anterior, a lo largo del proceso que analizó la inconstitucionalidad de este tributo se pudo acreditar que el pago del  “aporte solidario” superaba de forma holgada la rentas que hubiera tenido que pagar el contribuyente en todo el año. Por tal razón en el fallo se afirmó que

[el impuesto a la riqueza] conculca la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad privada y afecta de manera inadmisible el principio de no confiscatoriedad, dado que quedó probado con la pericia y la documentación contable respaldatoria de modo concreto y categórico lo desmesurada que resulta la carga impuesta, y la misma restringiría de manera inadmisible su patrimonio y desnaturalizaría totalmente el derecho de propiedad del actor.

Con el fallo de inconstitucionalidad de este impuesto, destacó Infobae, dos consecuencias claras se desprenden:

  • Si en el caso particular de un contribuyente afecta garantías y derechos constitucionales, no lo tiene que pagar.
  • Se habilita a contribuyentes que pagaron a solicitar la devolución.

Fuente/con información de: Infobae